Asunción, IP.– Al concluir su visita de cuatro días al Paraguay, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, manifestó la preocupación de la comisión por la información sobre el índice de asesinatos y ataques en contra de las mujeres basadas en su género, así como la alarmante información sobre el elevado número de niñas embarazadas en el país.
La comisión desea recordar al Estado de su obligación de adoptar medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conductas heteronormativas, incluyendo el diseño de programas de educación formal y no formal para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo otro tipo de prácticas que se base en la premisa de la inferioridad de las mujeres y que generan violencia en su contra, dijo el relator.
En conferencia de prensa brindada en sede de la Cancillería Nacional, Hernández reportó que según las informaciones obtenidas en su visita, el 21,3% de las víctimas de feminicidio en Paraguay son menores de 20 años, mientras que un 37,8% corresponde a mujeres entre 21 y 30 años.
Así también el relator recibió «la alarmante información» sobre el elevado número de niñas embarazadas en Paraguay, incluyendo una considerable cifra de niñas entre 10 a 14 años, consecuencia de violencia sexual cometida en muchos de los casos por familiares.
En ese sentido, hizo un llamado al Estado a revisar la decisión de eliminar la enseñanza de género en las escuelas teniendo en cuenta que «dicha disciplina cumple un rol fundamental en avanzar con el conocimiento de las causas y los impactos del embarazo infantil con miras a reducir sus cifras».
Además, en los casos de abuso sexual de niñas y adolescentes, la comisión urge al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables.
Otro de los aspectos resaltantes del reporte preliminar tiene que ver con la escasa participación de las mujeres en cargos electivos y que la ley de paridad democrática fuera vetada por el Ejecutivo ante la ausencia de mecanismos adecuados para lograr el objetivo inicial de paridad y alternancia entre hombres y mujeres.
En ese sentido, el relator de la comisión recordó que la paridad de representatividad de las mujeres es un eje fundamental de la igualdad y no discriminación, e hizo un llamado al Estado a avanzar en un marco normativo que proporcione una mayor participación de las mujeres en la vida pública.
Durante su visita al país, el relator también recabó información sobre la emergencia que vive el Paraguay en cuanto a su sistema carcelario, así como los problemas de malos tratos y tortura que llegaron a ser denunciados. Indicó que el sistema carcelario cuenta con 15.196 personas privadas de libertad de las cuales el 74% se encuentran sin condena, y detalló que la diferencia ocupacional en determinadas instituciones carcelarias llega en algunas prisiones hasta el 746% por encima de su límite.
«La comisión toma nota del esfuerzo del Estado paraguayo en reconocer la problemática y declarar una situación de emergencia en los centros penitenciarios del país y hace un llamado al Estado a continuar los esfuerzos ya emprendidos para la resolución de este problema, señaló Hernández.
También la comisión tomó nota «sobre los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas afectadas por el desalojo de sus tierras ancestrales así como por situaciones de exclusión, pobreza, falta de acceso a derechos a la salud, educación, vivienda y trabajo, así como la escasa participación política».
Todos los insumos recibidos en esta por el relator de la CIDH serán importantes para seguir acompañando al Estado paraguayo en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, afirmó Hernández, quien adelantó que un informe más detallado de las conclusiones alcanzadas será publicado la próxima semana.
Durante su visita al país, el relator también facilitó seis reuniones de trabajo para impulsar la negociación e implementación de acuerdos de solución amistosa y en dichas reuniones las partes avanzaron en la construcción de rutas de trabajo, valoró.
El relator finalmente destacó la institucionalidad existente en materia de derechos humanos en el seno de los poderes públicos y otros entes autónomos del país, donde en cada uno existen unidades especializadas en esta materia. «Este andamiaje que ha construido el Estado paraguayo permite dotar de perspectiva de derechos humanos a las políticas públicas», concluyó.
